ANALISIS JURIDICO Y SOCIOPOLITICO DE LAS DENEGATORIAS DE ASILO A COLOMBIANOS EN ESPAÑA (III)

ANALISIS JURIDICO Y SOCIOPOLITICO DE LAS DENEGATORIAS DE ASILO Y REFUGIO A LOS CIUDADANOS COLOMBIANOS EN ESPAÑA. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA ACTUALIDAD DE LA REALIDAD EN COLOMBIA (PARTE 3)

X. EL ESTALLIDO DE LAS PROTESTAS DEL 28 DE ABRIL Y SUS CONSECUENCIAS.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también se ha referido a los abusos de las fuerzas de seguridad en Colombia. Sobre las mismas se refirió en relación a las protestas iniciadas el 28 de abril pasado, en un contexto de crisis económica preexistente y profundas desigualdades sociales agudizadas por la pandemia de COVID-19. “Mi Oficina ha expresado su profunda preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, manifestó. Asimismo, Bachelet dijo que, si bien la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, se han registrado varios casos de violencia y reiteró su condena a todas las formas de agresión, pidiendo respeto al derecho de asamblea pacífica y llamando al diálogo para resolver la crisis. Detalló que, del 28 de abril al 16 de junio, su Oficina recibió denuncias de 56 muertes (54 civiles y dos policías) en el contexto de las protestas - principalmente en la ciudad de Cali -, así como de 49 presuntas víctimas de violencia sexual. También indicó que su equipo documenta abusos contra los derechos humanos por parte de agentes no estatales y analiza el efecto en los derechos humanos de los bloqueos continuos. Por otra parte, instó a las autoridades a que garanticen investigaciones rápidas, efectivas e independientes de todas las denuncias de violaciones y abusos de las garantías fundamentales perpetradas desde el 28 de abril, recalcando que los responsables deben rendir cuentas. “La plena aplicación del Acuerdo de Paz, incluido el apoyo al histórico proceso de justicia transicional, sigue siendo fundamental en la respuesta a los actuales disturbios. El cumplimiento de estas promesas vitales al pueblo de Colombia contribuirá a abordar las causas fundamentales y a aumentar la confianza pública en las autoridades”, enfatizó la Alta Comisionada. Las autoridades deben cumplir con las recomendaciones de la CIDH relativas a las violaciones de derechos humanos denunciadas en el contexto del paro nacional. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó sus observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo que realizó en Colombia del 8 al 10 de junio de 2021 y ha anunciado la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia.

"Nos siguen matando..."

XI. POSICIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ANTE LOS ACTUALES HECHOS DE VIOLENCIA GENERALIZADA DESDE EL INICIO DE LAS MANIFESTACIONES DEL 28 DE ABRIL

(CONSULTABLE EN: https://www.amnesty.org/es/countries/americas/colombia/)

“La CIDH ha conocido de primera mano los testimonios de cientos de víctimas que reclaman verdad, justicia, y reparación por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del Paro Nacional. Sin embargo, la represión continúa. Las autoridades deben dar una orden inequívoca de detener la represión violenta por parte de las Fuerza Pública y cumplir inmediatamente las recomendaciones de la CIDH” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Desde el inicio de las manifestaciones el 28 de abril, Amnistía Internacional ha denunciado que la respuesta de las autoridades colombianas se ha centrado en la estigmatización de la protesta social y, con ello, en la represión violenta a través del uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de agentes de la Fuerza Pública. Si bien es cierto que se han presentado hechos aislados violentos, que han generado daños en bienes públicos y privados durante los más de cincuenta días de protestas, la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas. En línea de lo señalado por la CIDH en sus observaciones, a tres meses del inicio del paro nacional, Amnistía Internacional ha recibido decenas de denuncias sobre homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, agresiones contra periodistas y misiones médicas, así como violencia contra personas defensoras de los derechos humanos, Pueblos Indígenas, y afrodescendientes. Además, la organización ha tomado conocimiento de cientos de personas lesionadas, algunas con lesiones oculares graves. Es especialmente preocupante ciertas expresiones de paramilitarismo urbano, entre otros hechos, que exigen la mayor eficiencia y diligencia de las autoridades para juzgar a los responsables y garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas.

“La CIDH ha dado luces sobre un tema fundamental en el contexto actual en Colombia: el Estado no puede prohibir todos los bloqueos o cortes de ruta y equipararlos con actos delictivos; porque muchas veces estas modalidades y otras manifestaciones de protesta en calles, plazas y lugares públicos están protegidos por el derecho a la protesta pacífica de acuerdo a los estándares interamericanos, especialmente en casos donde hay voces que no encuentran otra manera de expresarse, como es el caso de Colombia”, continuó manifestando Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. En aras de la solidaridad y acompañamiento de todos los países de la región al que apeló la Canciller colombiana en su intervención del 1º de julio ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Amnistía Internacional llama a las autoridades de los Estados americanos a sumarse a la exigencia de la CIDH de que Colombia investigue de manera pronta, exhaustiva e imparcial las violaciones de derechos humanos cometidas durante la represión violenta de las manifestaciones, con el fin de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas en Colombia. En ese sentido, la organización exhorta al Consejo Permanente de la OEA a convocar a una sesión extraordinaria en la que invite a la CIDH a presentar sus observaciones y recomendaciones y que, contrario a la presentación que hizo el 1º de julio ante dicho órgano de la vicepresidenta y Canciller, Marta Lucía Ramírez, y que no recibió ninguna pregunta y/o interpelación de los Estados, se abra la posibilidad de un diálogo genuino con los Estados de la región. Colombia: La CIDH debe escuchar las voces de las víctimas de violaciones a los derechos humanos

XII. OPINION DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

Ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia, que se llevó a cabo del 8 al 10 de junio, las voces de las víctimas de violencia, abuso y represión policial deben ser predominante en la agenda de la CIDH en el país, dijo Amnistía Internacional. Dicha organización internacional sigue monitoreando, verificando y documentando el uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos humanos contra personas que se manifiestan pacíficamente en Bogotá, Cali, Pereira, Popayán, Madrid y Facatativá, entre otras ciudades del país. La organización ha verificado material audiovisual que da cuenta del uso indiscriminado y desproporcionado de armas letales y menos letales por parte de la policía colombiana, en particular de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), que han generado graves heridas y la muerte de decenas de personas, según reportan organizaciones de derechos humanos en el terreno. “Sumadas a las denuncias de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta de protestas por parte de las fuerzas de seguridad, hemos recibido graves reportes de la violencia que continúan enfrentando las comunidades en zonas rurales del país. La represión contra personas de Pueblos Indígenas, comunidades Afrocolombianas, liderazgos comunitarios y personas defensoras de los Derechos Humanos continúa. Estas voces han sido invisibilizadas por décadas, es el momento que las autoridades colombianas asuman que el descontento social es consecuencia de esa violencia y el abandono,” ha continuado manifestando la directora para las Américas de Amnistía Internacional. “La CIDH debe conocer de primera mano los testimonios de cientos de víctimas que reclaman verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la represión de protestas, así como garantizar espacio para escuchar las voces de comunidades históricamente marginalizadas e incluir el análisis de las causas estructurales que han generado el descontento social.” Los informes de organizaciones y plataformas de Derechos Humanos dan cuenta de la represión policial constante desde el inicio del paro nacional. La Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas informó que, del 28 de abril al 2 de junio, se han registrado 76 homicidios, en su mayoría de jóvenes, de los cuales 34 fueron presuntamente cometidos por el accionar de las fuerzas de seguridad en el marco de las manifestaciones. La Campaña denuncia también que 988 personas reportan heridas como consecuencia del uso excesivo de la fuerza del ESMAD, de las cuales 74 sufrieron lesiones oculares. Por su parte, la ONG Temblores denunció que al 31 de mayo se han registrado 3.789 casos de violencia policial indebida y 1.649 detenciones arbitrarias de manifestantes.

La represión contra personas de Pueblos Indígenas, comunidades Afrocolombianas, liderazgos comunitarios y personas defensoras de los Derechos Humanos continúa. Asimismo, se han denunciado 151 ataques contra personas defensoras de derechos humanos en el marco de manifestaciones, como los casos de Daniela Soto, joven indígena del resguardo Sa´th Tama Kiwe, lideresa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y defensora de derechos humanos que resultó gravemente herida el 9 de mayo en Cali y el homicidio de Sebastián Jacanamejoy, joven defensor Indígena, el 28 de mayo durante una manifestación en Cali. Por otro lado, las denuncias sobre personas dadas por desaparecidas en el marco del paro nacional son alarmantes. Al cumplirse un mes de movilizaciones, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada registró 775 personas desaparecidas, de las cuales aún falta por localizar a 327, e instó a las instituciones responsables a activar los mecanismos de búsqueda y localización de manera urgente. La Mesa ha documentado casos, en los cuales estaría comprometida la responsabilidad de integrantes de la policía y del ESMAD, al realizar cientos de detenciones arbitrarias, sin registro y sin seguimiento por parte de los órganos de control. “Las autoridades colombianas deben actuar con la debida diligencia para investigar las denuncias de desapariciones forzadas en el marco de la movilización social y activar los mecanismos de búsqueda, de manera prioritaria. Estas prácticas tienen como objetivo infundir miedo para silenciar las voces de las personas que protestan pacíficamente. El silencio del gobierno de Iván Duque frente a estos crímenes es inaceptable. En ese sentido, la visita de la CIDH es una luz de esperanza para miles de familias que aún buscan a sus seres queridos,” expresó Erika Guevara Rosas. La Defensoría del Pueblo reportó que ha verificado 106 casos de violencias basadas en género contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Estos hechos han sido denunciados en diferentes lugares de Colombia, incluidos los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Nariño y Boyacá, entre otros. Los relatos de sobrevivientes de violencia sexual cometida por agentes de las fuerzas de seguridad son desgarradores, y dan cuenta de las torturas, tratos crueles e inhumanos, violencia psicológica, abusos y acoso sexista, dirigidos a infundir miedo y castigar su participación en las manifestaciones.

"Disculpe la molestia, pero nos están matando".

XIII. POSICION DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

Amnistía Internacional expresa también su preocupación por las declaraciones reiteradas de las autoridades nacionales que criminalizan la protesta social - que es mayormente pacífica- y, con ello, justifican el uso excesivo de la fuerza contra la población. Es deber de las autoridades reconocer que la manifestación pacífica es un derecho, y quede debe ser protegido. En ese sentido, las declaraciones de presidente Duque y de otras altas autoridades sobre los presuntos 'fines terroristas' de las marchas pacíficas deben cesar. En ese contexto, el tratamiento militar que se ha dado a las protestas en Colombia a través del decreto 575, expedido el 28 de mayo pasado, contraviene las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el Estado colombiano. En igual sentido, al ambiente de estigmatización de quienes ejercen su derecho a protestar pacíficamente, se suman denuncias creíbles sobre personas vestidas de civil que, actuando en aquiescencia y tolerancia de las fuerzas de seguridad, han causado la muerte y lesiones a manifestantes en varias ciudades. Es de especial preocupación la situación en Cali, donde han circulado imágenes y videos de civiles fuertemente armados reprimiendo a manifestantes con la aquiescencia y tolerancia de agentes de policía. Amnistía Internacional ha recibido graves denuncias de más de cincuenta y cinco muertes violentas en Cali, cuya presunta responsabilidad sería atribuible a agentes de las fuerzas de seguridad y a personas civiles armadas. La CIDH debe conocer de primera mano los testimonios de cientos de víctimas que reclaman verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición por las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la represión de protestas. En este contexto de violencia, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció que, del 28 de abril al 4 de mayo, se reportan 87 agresiones físicas contra periodistas que cubren las manifestaciones del paro nacional. También denuncian 42 amenazas, 9 detenciones arbitrarias y 13 hechos de eliminación de material. Amnistía Internacional expresa su preocupación por las agresiones reportadas contra periodistas y reitera que las autoridades deben respetar la libertad de prensa y garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan cubrir los hechos de una forma segura. La CIDH tiene la oportunidad de contribuir a que las denuncias de miles de personas que claman justicia, verdad y reparación no queden en la impunidad. Amnistía Internacional considera que la visita es una contribución fundamental para superar la crisis de derechos humanos que vive el país. En ese contexto, las víctimas deben contar con canales accesibles para acceder a la información sobre la visita para lograr que sus testimonios sean escuchados por la CIDH. Finalmente, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades colombianas para que garanticen que la CIDH pueda llevar a cabo su visita sin interferencias indebidas, a fin de que pueda reunirse con todas aquellas autoridades, organizaciones, personas y comunidades que considere necesario y pertinente para ejecutar su mandato. Asimismo, las autoridades deben brindarle las facilidades de desplazamiento necesario sin utilizar la seguridad como excusa para restringir su labor, como asimismo salvaguardar la seguridad de las personas que acudan ante la CIDH y que las mismas no sean objeto de amenazas, represalias o acciones de descrédito.

XIV. LA NECESIDAD DE RECONSIDERACION DE LAS SOLICITUDES DE ASILO PROVENIENTES DE COLOMBIA EN ESPAÑA.

La desmesurada proporción bajo la cual las solicitudes de asilo y refugio de los ciudadanos colombianos en España están siendo denegadas constituye un agravio comparativo con respecto a opciones igualmente validas por el derecho internacional que han sido reconocidas para nacionales de otros países, como Venezuela o Ucrania. La situación de violencia e inestabilidad en Colombia pueden catalogarse como equivalentes a las de un conflicto interno, como sucede con los ciudadanos provenientes de los países mencionados. Si bien el merchandising internacional que el aparato estatal colombiano trata de llevar a cabo para dar un lavado de cara a las terribles consecuencias del conflicto interno es poderoso y de alguna forma efectivo, esto no debe ser óbice para que las autoridades españolas pertinentes no realicen un análisis más sosegado, apegado a la realidad y sobre todo a lo establecido en las directrices de ACNUR y en los convenios internacionales y directivas europeas, para que las tasas de admisión de las solicitudes de ciudadanos provenientes de Colombia se correspondan mucho más con la grave situación que atraviesa el país, siendo que en la abrumadora mayoría de los casos se trata de personas que huyen de verdaderas situaciones de guerra y de irrespeto a la dignidad y calidad humanas, que escapan a la imaginación de quien no ha vivido en carne propia tan desesperante situación.

FIN DE PARTE 3.

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