CONSIDERACIONES GENERALES EN MATERIA DE INMIGRACION EN ESPAÑA DURANTE 2021.

I. DEMORA DE LOS TRÁMITES: EL PROBLEMA QUE MAS AFECTA A LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA.

Un año más, en función del número de quejas recibidas, la cuestión que más ha afectado a las personas extranjeras residentes en España han sido las demoras en los trámites para la obtención de sus tarjetas de identidad, las citas para solicitar la protección internacional y, una vez formalizada esa solicitud, las largas demoras para la realización de entrevistas o para la obtención de la documentación que acredita tal condición.

Las medidas adoptadas en 2020 para la prórroga de las autorizaciones de estancia o de residencia y trabajo, y para otras situaciones de los extranjeros en España, evitaron que cientos de miles de personas cayeran en una irregularidad documental durante los primeros meses de la pandemia. El Defensor del Pueblo celebró esa medida, que contribuyó eficazmente a que un número importante de personas conservara su condición de residentes legales.

La realidad en cifras de la migración en España, que roza ya los seis millones de residentes, poco tiene que ver con la que existía cuando se planearon y se dotaron las oficinas de extranjería. Estas dependencias son las unidades que integran los diferentes servicios de la Administración General del Estado competentes en la materia, al objeto de garantizar la eficacia y coordinación en la actuación administrativa.

1. Casi dos millones de personas extranjeras son ya titulares de una autorización de residencia de larga duración. Es decir, han sido autorizadas a trabajar y residir de manera indefinida en España, en las mismas condiciones que los españoles. Sin embargo, el ejercicio de sus derechos como residentes de larga duración se encuentra condicionado a la renovación de su tarjeta de identidad cada cinco años. Las dificultades para la obtención de una cita previa para la renovación de sus tarjetas, constituye un motivo constante de quejas ante el Defensor del Pueblo.

2. Otras 500.000 personas cuentan con una autorización temporal para residir. Lo que implica que han de acreditar periódicamente, ante la oficina de extranjería de su lugar de residencia, que cumplen los requisitos para la renovación. Las quejas en estos casos se centran fundamentalmente en dos aspectos: las demoras en su tramitación y la disparidad de los criterios que se aplican.

3. El número de residentes con certificado de registro en régimen de libre circulación en la Unión Europea supera ya los tres millones de personas. Se benefician de este régimen los ciudadanos de la Unión que residen en España (fundamentalmente de nacionalidad rumana e italiana) y sus familiares (principalmente nacionales de Marruecos, Colombia y Venezuela). Quienes tienen la intención de permanecer o fijar su residencia en España durante más de tres meses están obligados a solicitar un certificado de registro o una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. Las quejas se centran fundamentalmente en las demoras para la obtención del primer certificado y, en el caso de los familiares, para la renovación de sus tarjetas.

Numero de extranjeros de alta en la Seguridad Social a enero de 2021. Desglose por CCAA.

II. EL CASO DE LAS PERSONAS SOLICITANTES DE ASILO O PROTECCION INTERNACIONAL.

A los tres grupos de ciudadanos anteriormente citados (residentes de larga duración, residentes temporales y ciudadanos de la Unión Europea y familiares) se suman las personas solicitantes de protección internacional y las que ya han adquirido algún tipo de protección. Las quejas de este colectivo se centran también en las demoras para la obtención de citas para la tramitación de sus solicitudes y para la obtención y renovación de las tarjetas de identidad que acreditan su condición.

En la gestión de los flujos migratorios, España, por su singular posición geográfica, se enfrenta a un reto especial. La necesidad de identificación ágil de las personas que intentan acceder a Europa de manera irregular y tienen necesidades de protección internacional, diferenciándolas de aquellas otras que intentan acceder de manera irregular con el objetivo de buscar una vida mejor y en quienes pueden concurrir o no otras circunstancias excepcionales que permitiesen su entrada en el país.

Las consecuencias de la falta de identificación temprana de estas personas son variadas y afectan de manera directa, por un lado, a la credibilidad del sistema español de protección internacional y, por otro, al agravamiento de las condiciones de especial vulnerabilidad en la que se encuentran.

Durante 2021 llegaron de manera irregular 41.945 personas, de ellas 22.316 a Canarias. El Defensor del Pueblo ha prestado durante este año especial atención a la situación provocada en esa comunidad autónoma.

Las medidas adoptadas, con la puesta en marcha del denominado Plan Canarias, permitieron la adecuación de infraestructuras para su acogida en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Sin embargo, la pandemia ha supuesto un grave obstáculo para que, en la práctica, se pueda conjugar el imprescindible control sanitario, de competencia autonómica, con unas condiciones de acogida digna en todas las islas.

No termina de estar adecuadamente articulado el mecanismo por el que, una vez llegan a tierra, las personas que resultan positivas en covid-19 y sus contactos estrechos son derivadas a los llamados centros de gestión compartida. Se ha de mejorar la coordinación de los tres organismos implicados (servicios sanitarios canarios, Policía Nacional y Secretaría de Estado de Migraciones). Esa falta de agilidad en las derivaciones ha supuesto en demasiadas ocasiones que estas personas pasen más tiempo del legalmente establecido (72 horas) en custodia policial, en instalaciones inadecuadas.

Las condiciones de los centros de gestión compartida han mejorado durante 2021, pero aún se reciben quejas sobre lugares destinados a pasar la cuarentena que no cumplen unos estándares mínimos.

Y, por último, las instalaciones que de manera urgente puso en marcha el Plan Canarias se diseñaron para contener una emergencia humanitaria, algunos de ellos han llegado a albergar a miles de personas durante meses. El reto es inmenso y se ha de comprender que esa emergencia se va a repetir de forma cíclica. Por tanto, se debe revisar en profundidad el diseño y mantenimiento del sistema de acogida humanitaria, de sus infraestructuras y de su gestión.

III. NECESIDAD IMPERATIVA DE LA MEJORA EN LAS CARENCIAS ESTRUCTURALES EN LA GESTION DE PROCEDIMIENTOS DE EXTRANJERÍA O ASILO.

El Defensor del Pueblo reitera la necesidad de abordar sin más demora las carencias estructurales en la gestión de los procedimientos que afectan a un importante número de personas extranjeras que, por motivos muy diferentes, se encuentran en España.

Pese a la diversidad de situaciones citadas, como ya se ha señalado en anteriores informes anuales, es posible identificar un denominador común que provoca una gran parte de las deficiencias detectadas y que no es otro que la ausencia de una política común capaz de conjugar los intereses de quienes ya están aquí, con las legítimas aspiraciones de las familias de vivir juntas; las de aquellos que quieren venir a trabajar, con las necesidades del mercado de trabajo español; las obligaciones internacionales suscritas por España respecto a la protección internacional, con la gestión de un sistema de acogida y de integración eficaces, y las necesidades de los españoles que, por motivos diversos, residen en el exterior.

La dispersión de competencias entre los distintos ministerios y, dentro de ellos, en distintos departamentos, es un obstáculo que no parece que pueda resolverse con el diseño actual. El intento de creación de una Agencia Estatal de Inmigración y Emigración que se produjo en la pasada década no llegó a materializarse y la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios, que se estableció en 2018, tampoco acabó teniendo una vida muy dilatada, pues fue suprimida en febrero de 2020.

La experiencia acumulada hace que se deba seguir manteniendo la urgente necesidad de evaluar la actual situación y buscar un modelo de integración avanzada de los distintos organismos involucrados, tanto de la Administración General del Estado como de las distintas comunidades autónomas y de los ayuntamientos, en función de sus competencias.

#MayoraYGonzalezConsulting #Inmigracion #AsiloYRefugio #Extranjeria #España #UnionEuropea #InformeDefensorDelPueblo